Amazonía: bioma estratégico para la regulación climática global94bet.com hogar de una biodiversidad única y de diferentes culturas tradicionales. Más allá de los adjetivos y cualidades, la región también es escenario de conflictos y vulnerabilidades. El informe Amazonía en Disputa, lanzado en Bogotá, Colombia, durante la 5ª Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) este mes, mapea las áreas de frontera, los principales actores y las dinámicas que ponen a la región en riesgo.
El estudio es una asociación entre el Instituto Igarapé, la Unión Europea y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). El enfoque está en la parte noroeste de la Amazonía, donde se ubican los límites geográficos y políticos de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.
Se identifican cuatro tipos de disputas: ambientales, criminales, de capital e institucionales. La primera se refiere a los daños sobre la selva, como degradación, deforestación, incendios y explotación depredadora. En el aspecto criminal, grupos armados y redes ilícitas que operan entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal. Van desde el narcotráfico y la minería ilegal, hasta la cobranza de impuestos locales.
Las disputas de capital involucran el proceso en que la selva se convierte en mercancía a través de cadenas legales e ilegales de extracción. Esto incluye drogas, oro, madera, ganado, entre otros, que alimentan la deforestación y crean mecanismos de lavado de activos. Por último, las cuestiones institucionales relacionadas con la gobernanza frágil y fragmentada de la región. Mientras las redes criminales se expanden, la presencia del Estado es desarticulada e ineficaz.
“Cuando miramos las economías ilícitas que han presionado a la Amazonía, hablamos también de mercados globales. La responsabilidad no es solo de los países amazónicos, sino de todos los que compran este tipo de activo de la Amazonía. Necesitamos respuestas conjuntas para enfrentar los daños concretos que hemos visto en el territorio. El daño queda en la Amazonía. Pero, en el fondo, las redes que han operado en el alcance de estas economías van mucho más allá de las fronteras amazónicas”, analiza Melina Risso, directora de investigación del Instituto Igarapé.
Principales desafíos
La propuesta del estudio fue hacer un diagnóstico inicial de las fronteras en el noroeste de la Amazonía. Uno de los análisis preliminares indica la presencia de al menos 16 grandes grupos armados ilegales, que actúan en el 69% de los municipios amazónicos. Entre ellos, Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.
En casi todos los países, las tasas de homicidio en la Amazonía superan los promedios nacionales. La violencia es más crítica en las fronteras de Putumayo (Colombia), Madre de Dios (Perú) y Sucumbíos (Ecuador), donde convergen narcotráfico, minería ilegal y ausencia del Estado.
Los grupos criminales operan en flujos financieros de escala transnacional. Las redes de economías ilícitas incluyen cadenas de oro, madera y drogas que se articulan con mercados formales.
Los más afectados por la violencia y las actividades ilegales son las poblaciones indígenas y comunidades ribereñas. Los principales problemas involucran desplazamientos forzados, pérdida de territorios y destrucción de los medios tradicionales de vida.
La región también es conocida por ser la más peligrosa del mundo para los defensores ambientales: más de la mitad de los asesinatos de esas personas en 2023 ocurrieron en la Amazonía, y una de las razones es la actuación frágil y equivocada del Estado. Investigadores señalan que los organismos estatales actúan de manera reactiva y militarizada, sin fortalecer la gobernanza civil y comunitaria. Los vacíos de actuación refuerzan la violencia y la informalidad.

Disputas fronterizas
Los autores del estudio separaron cinco áreas de frontera en la Amazonía que tienen dinámicas particulares de disputas. Dos de ellas incluyen territorios en Brasil:
Guainía–Orinoco (Colombia–Venezuela):la región tiene un flujo intenso de bienes legales e ilegales, minería y redes criminales. Comunidades indígenas enfrentan presión de grupos armados y hay degradación ambiental.
Mitú–Taraira (Colombia–Brasil):región con baja presencia estatal, atravesada por rutas del narcotráfico y por actividades ilegales de minería. El mayor aislamiento favorece la actuación de grupos armados y presiona a comunidades tradicionales.
Trapecio Amazónico (Colombia–Brasil–Perú):considerado uno de los epicentros de la economía ilícita en la región. La posición geográfica favorece la concentración de rutas estratégicas de tráfico de drogas y armas. La actividad fluvial es intensa y los grupos armados poseen conexiones internacionales.
Putumayo (Colombia–Ecuador–Perú):zona crítica del narcotráfico y de la violencia letal. Hay superposición de grupos armados, rutas ilícitas, presión sobre la selva y desplazamientos forzados.
Yavarí (Brasil–Perú):región de difícil acceso, donde se expanden la minería ilegal, extracción de madera y tráfico de mercancías. La ausencia del Estado se combina con disputas por territorios indígenas, en un escenario de fuerte degradación ambiental.
Para la directora de investigación del Instituto Igarapé, el momento es de establecer nuevas estructuras de gobierno para la Amazonía, que incluyan una articulación interinstitucional dentro de cada uno de los países, pero también entre los países. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) fue mencionada por los investigadores como importante para definir esas nuevas estructuras.
“La OTCA es una gran oportunidad de cooperación, a partir de la instalación de la Comisión de Seguridad Pública. Sin embargo, las soluciones también pasarán por nuevas alternativas económicas y por una discusión importante sobre el pago de servicios ecosistémicos de financiamiento para la economía de la naturaleza, que deberán extenderse hacia la COP30”, dice Melina Risso.
“Lo que pretendemos con este estudio es llamar la atención sobre la urgencia de una acción coordinada. Ya no tenemos tiempo de esperar a que todas las relaciones diplomáticas estén establecidas para avanzar”, complementa.